La causa que no es la causa

Fujimori está siendo encausado judicialmente por su (presunta) responsabilidad en la violación de los derechos humanos, en los crímenes de la Cantuta y Barrios Altos. Usualmente la causa de que la fiscalía abra un proceso judicial es la imputación de un cargo en función de, al menos, indicios razonables de culpabilidad. Pero el caso de Fujimori no es nada usual pues las causas que llevaron a la apertura del proceso no son, en lo principal, los cargos que se le imputan. Es decir, la causa judicial, el cargo imputado, no coincide con la causa efectiva, con los hechos que han llevado a que el ex presidente esté hoy en el banquillo de los acusados. Ahora bien, hacer explícito que la causa (judicial) no es la causa (efectiva) del proceso a Fujimori es muy importante para darnos cuenta de la manera como la sociedad peruana (no) está lidiando con sus problemas de hoy que son los problemas de ayer y los de siempre. El abuso y la violencia, el resentimiento y el odio. Todos los traumas de nuestra historia.

Los medios de comunicación representan el proceso a Fujimori como un juicio por delitos concretos. Se articula entonces una narrativa optimista. Se presume que los peruanos tendríamos que estar de acuerdo en que se cometieron crímenes (Cantuta, Barrios Altos) cuya responsabilidad recae en el ex presidente y sus colaboradores. Sancionando a Fujimori se estaría haciendo justicia, terminándose así con la impunidad e iniciándose acaso un nuevo periodo en la historia del país.

Pero bien vistas las cosas esta narrativa distorsiona la realidad. Para empezar, Fujimori no fue llevado a juicio porque existiera en la sociedad peruana un consenso generalizado sobre la urgencia de llevar a la justicia a los perpetradores de crímenes contra de los derechos humanos. Ha sido llevado a juicio porque su fuga del país fue demasiado escandalosa de manera que era necesario procesarlo por alguna razón. Y el motivo más plausible era precisamente los crímenes de la Cantuta y Barrios Altos. Entonces, otra vez, el juicio no representa un intento sistemático por hacer justicia pues si así lo fuera muchas otras personas, empezando por el actual presidente García, estarían también en el banquillo de los acusados. Acá en el Perú el terrorismo de Estado encontró el apoyo de considerables sectores de la población. Para muchos la “guerra sucia” era la mejor manera de mantener a raya la demencial insurrección senderista. Matar a inocentes era la manera de advertir a los posibles senderistas de que serían aniquilados.

La mayoría, en todo caso, en la medida en que estos desmanes ocurrían allá lejos en los Andes, no estuvo preocupada en combatirlos. Cerrando los ojos, dejó hacer. Esta posición está ya claramente explícita en el informe de Uchuraccay y es puesta en práctica por el segundo gobierno de Belaunde donde la violencia del Estado y de Sendero Luminoso, contra el mundo campesino, llega a su punto más alto. Al crear un terror más grande que el ejercido por Sendero Luminoso, las Fuerzas Armadas logran ganarse a la población civil. Entre dos fuegos la gente se alía con los que pueden amenazar más y también proteger más. Y ellos son los militares. La derrota de Sendero en los Andes centrales intensifica su infiltración en otras zonas del país. La política del gobierno de García no fue diferente a la de Belaunde. La misma consigna: combatir el terror con un terror más grande. A medida en que es derrotado en el campo, Sendero Luminoso se traslada a las ciudades y especialmente a Lima. Para los habitantes de las ciudades, sobretodo las clases medias, Sendero aparece como una amenaza entonces más tangible y aterrorizante. El reclamo de mano dura contra Sendero va a ser recogido por Fujimori. Durante su periodo la violencia es menor pero es más discriminada e insidiosa.

Fujimori cae por el escándalo de los “vladivideos”. El régimen implosiona desde dentro. Incapaz de explicar, aún menos de justificar, su relación con Montesinos, Fujimori huye. Y si huye es porque algún delito ha cometido. ¿Pero cuál es ese delito? ¿Obviamente? la violación de los derechos humanos. ¿Pero no ha sido acaso la violación de los derechos humanos una política estatal enseñada por el ejército de Estados Unidos, llevada a cabo por los militares peruanos, y suscrita por los gobernantes con la complacencia de una gran parte de la ciudadanía? En realidad no hubo una voluntad política estatal por extraditar a Fujimori. Los pedidos de extradición estaban pésimamente elaborados. Además, dada la ciudadanía japonesa del ex-presidente era totalmente improbable que fueran atendidos. Pero Fujimori regresa. Quiere enfrentarse a la justicia. En su manifestación inicial, con todas las fuerzas de que es capaz, insiste en que fue su gobierno quien paró la inflación y preparó las bases del boom económico que vivimos, y también fue bajo su mando que se logró derrotar al terrorismo, y que ambos logros fueron y son muy apreciados por las mayorías. Sabemos, además, que ningún presidente en la historia del país ha tenido un índice de popularidad tan alto por tanto tiempo. Todo lo cual es cierto. Le faltó señalar que nunca hubo un gobierno tan corrupto como el suyo.

La CVR nace en el gobierno de transición del Presidente Paniagua. Su creación no es una demanda popular sino una iniciativa de los sectores medios ilustrados. Las conclusiones a las que llega la comisión no son asumidas por el Estado ni por la opinión pública. Su informe es periódicamente atacado por los que quieren eludir responsabilidades. Sus críticos, carentes de argumentos, recurren a las emociones y la ignorancia. La acusación se repite, la CVR le hace el juego a los terroristas mientras que condena a los militares que se sacrificaron por la patria.

Finalmente, el proceso a Fujimori no responde a un deseo general de romper con el pasado, de fundar un nuevo orden basado en la justicia y la prevalencia de la ley como es la propuesta de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. El juicio a Fujimori no es esa ruptura histórica que muchos quisiéramos que fuera. De allí lo injustificado e imprevisible que resulta. En efecto, ¿por qué enjuiciar solo a Fujimori?